El ministro de Desarrollo Minero Ecológico e Industrias Básicas, Héctor Silva, lideró una consulta pública sobre la reforma de la Ley de Minas en los sectores de El Callao. Más de 1.450 trabajadores participaron en asambleas para discutir el nuevo marco legal productivo.
Asimismo, las jornadas se desarrollaron en el Complejo Domingo Sifontes y la comunidad de Belén II con gran asistencia. Las autoridades explicaron los cambios estratégicos que buscan modernizar la industria y proteger el medio ambiente regional.
El proceso contó con la presencia de diputados de la Asamblea Nacional y viceministros del área de minerales estratégicos. No obstante, el protagonismo recayó en los pequeños mineros que aportaron sugerencias técnicas basadas en su experiencia.
Avances técnicos de la Ley de Minas
: «Debemos formar a nuestros mineros y acercar las leyes a las realidades que viven nuestros pueblos, garantizando que el conocimiento técnico y el marco legal caminen de la mano con las necesidades sociales de cada territorio», indicó Silva.
El ministro enfatizó que se creará el Fondo Nacional Minero para brindar respaldo financiero sólido a los proyectos locales. Por lo tanto, se espera una transformación industrial que integre tecnología moderna en los procesos de extracción diaria.
La reforma también garantiza que la llegada de empresas trasnacionales no afecte la seguridad jurídica de las alianzas actuales. Los trabajadores de La Ramona celebraron que las leyes se discutan directamente en los territorios de explotación.
La formalización mediante el Registro Único Minero es otro punto clave que establece la nueva Ley de Minas para el sector. El objetivo primordial es que todas las actividades operen dentro de la legalidad y el orden institucional nacional.
Seguridad y protección del pequeño minero
El viceministro Jesús Mieres anunció que los equipos técnicos se desplegarán por todo el estado para recoger más aportes. Se busca un instrumento humano que camine de la mano con las realidades sociales de cada pueblo.
La flexibilización de las normas vigentes pretende optimizar el aprovechamiento de los recursos estratégicos del Estado venezolano de forma eficiente. Esta modernización atraerá inversiones nacionales e internacionales que generen bienestar social a las comunidades mineras.
Finalmente, la aprobación definitiva de la Ley de Minas contará con el compromiso unánime de los trabajadores del motor productivo. De esta forma, Venezuela avanza hacia un modelo de minería ecológica, industrializada y plenamente soberana.
