Detectives del Cicpc realizaron un operativo especial en Charallave, estado Miranda, recientemente. La acción policial permitió capturar a sujetos por corrupción en el Cicpc.
Los arrestados quedaron identificados como Xavier Eduardo Chirinos García y Orlando José Rojas García. Ambos pertenecían a la División de Inteligencia Estratégica de la PNB.
La detención ocurrió en el sector El Dividive por parte de la Delegación Municipal de Ocumare. Los oficiales ofrecían servicios ilegales aprovechándose de sus cargos públicos.
Detalles sobre la red de corrupción en el Cicpc y el Siipol
Los funcionarios cobraban por la verificación de antecedentes penales a través del sistema Siipol. Esta base de datos es administrada exclusivamente por la policía científica nacional.
Los oficiales utilizaban indebidamente sus credenciales para ingresar a sistemas restringidos de seguridad. Por lo tanto, cometían actos ilícitos de manera sistemática actualmente.
Además de los antecedentes, ofrecían el chequeo de estatus de vehículos por diez dólares. Igualmente, gestionaban trámites en el Saime, el INTT y el IVSS ilegalmente.
Los detenidos promocionaban estos servicios irregulares mediante grupos de WhatsApp policiales durante meses. El Registro Civil Venezolano también figuraba entre las instituciones vulneradas por los sujetos.
Al momento del arresto, los oficiales se encontraban en su tiempo libre de guardia. No obstante, las investigaciones por corrupción en el Cicpc revelaron su modus operandi digital.
El Cicpc mantiene una vigilancia estricta sobre el uso del Sistema Integral de Información Policial. Por consiguiente, cualquier acceso no autorizado genera una alerta inmediata en los servidores.
Los implicados enfrentan cargos por uso indebido de funciones y lucro con bienes públicos. Asimismo, la fiscalía correspondiente del Ministerio Público recibió las actas del procedimiento policial.
La transparencia institucional es fundamental para garantizar la confianza del pueblo venezolano hoy. Por ello, se intensifican las auditorías internas en todas las sedes policiales regionales.
Cualquier ciudadano que haya pagado por estos servicios podría ser llamado a declarar. De este modo, la lucha contra la corrupción en el Cicpc continúa activamente.
Las autoridades instan a la colectividad a denunciar estas prácticas en las delegaciones oficiales. Finalmente, los organismos de seguridad buscan erradicar las mafias internas de gestión documental.
La justicia venezolana aplicará las sanciones máximas previstas en las leyes contra la corrupción. En conclusión, el caso de corrupción en el Cicpc marca un precedente ético.
