El Ministerio Público venezolano respondió, a través de un comunicado, a la Sala de lo Constitucional del máximo tribunal salvadoreño quien declaró improcedente la petición de Venezuela de que se garantizaran los derechos de los migrantes apresados en El Salvador.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, acusó a la Corte de evadir su responsabilidad constitucional, en el caso de 252 migrantes venezolanos detenidos en ese país, tras ser trasladados desde Estados Unidos, a pesar de no haber cometido delitos.
Según detalló Saab en el comunicado oficial, el Ministerio Público venezolano había enviado una solicitud de intervención a la Sala de lo Constitucional del máximo tribunal salvadoreño el pasado 30 de marzo. Sin embargo, la respuesta es recibida más de 80 días después y, a juicio del fiscal, constituye “una maniobra dilatoria y evasiva”.
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El argumento de la Corte
La Corte salvadoreña argumenta que la solicitud no cumple con los requisitos legales y no se tramitó por canales diplomáticos formales. También rechazó un recurso de habeas corpus presentado por abogados de los detenidos, alegando falta de información precisa sobre los hechos y las autoridades responsables.
Para Saab, esta postura representa un intento de evadir el análisis de fondo sobre posibles violaciones a los derechos humanos. “La Sala no solo se hace la desentendida, sino también cómplice de esta aberración jurídica”, afirmó, criticando que se exijan pruebas sobre hechos “ampliamente notorios”, como el traslado de los migrantes al penal de máxima seguridad Cecot.
El fiscal denunció que los venezolanos se encuentran bajo detención arbitraria, sin acceso a defensa legal ni conocimiento claro de los cargos en su contra. “No aceptamos que se legitimen desapariciones forzadas bajo pretextos formales”, enfatizó.
Como parte de las acciones emprendidas, el Ministerio Público de Venezuela indicó que ha logrado localizar y entrevistar a 116 familiares de 118 migrantes detenidos, testimonios que están a disposición de los abogados defensores y del sistema de justicia salvadoreño.
Saab concluyó su declaración señalando que la respuesta del Estado salvadoreño representa un rechazo a los principios fundamentales del derecho internacional en materia de derechos humanos. “No descansaremos hasta restablecer la dignidad, la libertad y la justicia para cada uno de nuestros ciudadanos sometidos a esta cadena de violaciones”, afirmó.
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