La defensa legal de Nicolás Maduro presentó un documento oficial ante la corte de Nueva York denunciando un estancamiento financiero que impide pagar abogados privados.
Barry J. Pollack notificó al juez Alvin Hellerstein que la OFAC revocó sorpresivamente la licencia para que Venezuela cubriera la defensa legal del presidente venezolano.
Inicialmente, la agencia autorizó fondos para el mandatario y su esposa, Cilia Flores. Sin embargo, enmendaron el permiso del gobernante restringiendo sus pagos específicos.
Obstáculos financieros en la defensa legal de Maduro
El equipo jurídico argumenta que esta medida interfiere directamente con la Sexta Enmienda. Esta ley garantiza el derecho constitucional de elegir libremente un representante.
Los abogados afirmaron tajantemente que el procesado no puede costear un defensor privado. Por ello, el Estado venezolano debería sufragar estos gastos según sus leyes.
La defensa legal de Maduro calificó como contradictorio que permitan transacciones comerciales con entidades estatales pero bloqueen el dinero destinado a este proceso judicial.
Acciones ante la Corte
Ante la falta de respuesta de las autoridades financieras, los juristas planean una moción formal. Buscan auxilio judicial para restaurar los pagos del caso.
Expertos señalan que Estados Unidos declaró ilegítimo al dirigente en 2019. Tal situación podría invalidar sus reclamos sobre privilegios presidenciales ante el sistema norteamericano.
El tribunal deberá decidir si la defensa legal de Maduro puede recibir financiamiento público. Este fallo sentará un precedente sobre el acceso a justicia internacional.
Actualmente, el proceso permanece en pausa mientras se resuelve la disputa económica. La incertidumbre sobre la defensa legal del presidente venezolano complica el cronograma del juicio.
El tribunal deberá evaluar si la defensa legal de presidente venezolano recibirá fondos públicos. Este dictamen establecerá un precedente jurídico sobre el acceso a la justicia.
Finalmente, la resolución judicial determinará el futuro del proceso legal. La falta de recursos financieros mantiene en suspenso la representación privada ante la corte, de acuerdo a lo expuesto por la defensa legal de Maduro.
