Un ciudadano de nacionalidad venezolana, residente en la ciudad de Miami, fue condenado a 147 meses de prisión federal —equivalentes a poco más de 12 años— tras ser hallado culpable de múltiples cargos federales relacionados con el tráfico de cocaína, metanfetamina y la posesión ilegal de armas de fuego. La sentencia, dictada por la jueza federal de distrito Cecilia M. Altonaga, pone fin a un complejo proceso judicial que dejó al descubierto cómo el implicado continuó coordinando transacciones de sustancias ilícitas incluso mientras se encontraba bajo una medida de arresto domiciliario y monitoreo electrónico.
Detalles de la investigación y el arresto inicial
El sentenciado fue identificado como Glen Sebastian Mendoza, de 33 años. De acuerdo con los expedientes judiciales del Distrito Sur de Florida, las investigaciones lideradas por las agencias federales determinaron que, entre septiembre y diciembre de 2025, Mendoza estuvo involucrado activamente en la distribución de cocaína en diversos puntos del área metropolitana de Miami. El seguimiento de las autoridades culminó el 3 de diciembre de 2025, cuando agentes del orden lo interceptaron en posesión de aproximadamente 613 gramos de cocaína momentos antes de que concretara una transacción previamente pactada.
Tras este arresto inicial, las fuerzas de seguridad ejecutaron una orden de registro en el apartamento de Mendoza. Durante el operativo, los oficiales incautaron cantidades adicionales de cocaína, así como un arsenal que incluía dos pistolas Polymer80 (conocidas popularmente como «armas fantasma» por ser de fabricación privada y carecer de números de serie), una pistola Sig Sauer cargada, abundante munición, cargadores y balanzas digitales de precisión. En total, la fiscalía responsabilizó formalmente a Mendoza por la distribución y posesión de más de un kilogramo de cocaína.
Violación de la fianza y tráfico desde el arresto domiciliario
A pesar de la gravedad de los cargos iniciales, el tribunal otorgó a Mendoza el beneficio de la libertad bajo fianza, sujeto a estrictas condiciones de arresto domiciliario y monitoreo electrónico mediante grillete. Sin embargo, la Fiscalía Federal demostró que el acusado continuó con sus operaciones delictivas desde su residencia. Durante este periodo de libertad preventiva, Mendoza coordinó de manera clandestina una nueva transacción para la venta de aproximadamente 191 gramos de metanfetamina, lo que llevó a la inmediata revocación de su fianza y a su reingreso en prisión preventiva.
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Compromiso de las autoridades contra el narcotráfico armado
El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, enfatizó la gravedad de las acciones de Mendoza, señalando que el procesado traficó importantes cantidades de estupefacientes mientras se encontraba fuertemente armado. Las autoridades judiciales destacaron que este caso subraya la prioridad de perseguir penalmente a los delincuentes armados que amenazan la seguridad de las comunidades en el sur de Florida. La resolución del caso, registrado bajo el expediente 26-cr-20003, fue posible gracias al trabajo conjunto del Grupo de Trabajo de Alta Intensidad contra el Narcotráfico (HIDTA) de la DEA en Miami, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade y el Departamento de Policía de Miami Beach, bajo la conducción de la fiscal federal adjunta Almas Abdulla.
