En una escalada sin precedentes que amenaza con fracturar el orden jurídico global, el Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes un paquete de drásticas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI). La medida, comunicada por el Departamento de Estado, llega apenas horas después de que se revelara la concesión del Premio Nobel de la Paz a la exjueza de la institución, la sudafricana Navi Pillay.
Las restricciones contemplan la prohibición total de transacciones financieras con el tribunal, el congelamiento de recursos y medidas punitivas contra personal vinculado, en lo que Washington calificó como un intento por «neutralizar la amenaza» que representa el organismo supranacional para su soberanía.
«O la CPI se detiene, o la detenemos nosotros»
Durante una comparecencia oficial, el secretario de Estado, Marco Rubio, fue categórico al justificar la ofensiva de la administración de Donald Trump.
«Hasta la fecha, Estados Unidos ha impuesto sanciones a 17 personas. Hoy, el Departamento de Estado anuncia medidas adicionales para defender la soberanía estadounidense. Prohibiremos las transacciones con este tribunal ilegítimo, cortando sus recursos y paralizando su capacidad para actuar en nuestra contra», sentenció Rubio.
El jefe de la diplomacia estadounidense reiteró la postura histórica de Washington frente al Estatuto de Roma: «Estados Unidos nunca se unió a la Corte. No la necesitamos. Y no la queremos». Asimismo, zanjó cualquier posibilidad de cooperación futura al asegurar que el presidente Trump «jamás permitirá que la Corte Penal Internacional procese a ciudadanos estadounidenses, militares en servicio activo o líderes políticos».
Pese al tono beligerante, el Ejecutivo estadounidense abrió una ventana de tregua al conceder un plazo de seis meses de gracia. Este compás de espera busca, según Washington, que los 125 Estados miembro demuestren con acciones concretas que responden a las exigencias de la Casa Blanca. Sin embargo, la advertencia de Rubio dejó poco margen a la diplomacia: «O la CPI pone fin a sus amenazas, o nosotros pondremos fin a la CPI».
La CPI responde: «La historia juzgará este momento»
La reacción desde La Haya no se hizo esperar. A través de un comunicado oficial, el tribunal rechazó categóricamente las sanciones y advirtió sobre las graves implicancias de la medida para la estabilidad global.
«Esta decisión constituye un ataque directo contra el Estado de derecho y contra los propios fundamentos del orden jurídico internacional, al cuestionar el principio fundamental de que nadie está por encima de la ley», declaró la Corte. El alto tribunal denunció que se trata de un «intento deliberado de obstaculizar el curso de la justicia» e instó a sus países miembros a blindar la institución mediante acciones concretas de protección.
Reacción en cadena: condena internacional y un solitario aliado
La ofensiva estadounidense desató una ola de repudio en la comunidad internacional, consolidando un frente de defensa en favor de la justicia global:
- La Unión Europea: La Comisión Europea calificó las sanciones de inaceptables y anunció que movilizará todos sus recursos para garantizar la continuidad de las investigaciones sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad.
- Potencias occidentales: En un comunicado conjunto, Alemania, Dinamarca, Canadá, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y el Reino Unido expresaron su «profundo desacuerdo» con la medida de la Casa Blanca.
- Organismos de derechos humanos: El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, tildó las sanciones de «inaceptables», mientras que Amnistía Internacional hizo un llamamiento urgente a la comunidad global para «resistir» este embate contra la justicia internacional.
En contraste, el único respaldo explícito a la decisión de Washington provino de Israel, cuyo gobierno aplaudió la medida en medio de las tensiones que mantiene con el tribunal por órdenes de arresto pendientes.
Con este movimiento, la Casa Blanca abre un abismo diplomático con sus principales aliados europeos y pone a prueba la resistencia institucional de un tribunal que, con 125 Estados parte y un reciente Premio Nobel en su haber, enfrenta el desafío más complejo de su historia.
