Este jueves la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a 16 funcionarios del gobierno del presidente Maduro por supuestamente obstruir el proceso electoral presidencial el asado 28 de julio y presuntamente violar los derechos civiles y humanos del pueblo.
Las personas sancionadas hoy de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13692, con sus modificaciones, incluyen a los representantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), así como a los funcionarios militares, de inteligencia y del gobierno responsables de la seguridad y de las detenciones indiscriminadas. Los funcionarios fueron designados por el presidente Nicolás Maduro, a quien la OFAC sancionó en 2017.
“Hoy, Estados Unidos está tomando medidas decisivas contra Maduro y sus representantes por su represión del pueblo venezolano y la negación de los derechos de sus ciudadanos a una elección libre y justa”, dijo el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo. “El Departamento del Tesoro está apuntando a funcionarios clave involucrados en las fraudulentas e ilegítimas afirmaciones de victoria de Maduro y su brutal represión de la libertad de expresión después de las elecciones, mientras la abrumadora mayoría de los venezolanos piden un cambio. La Administración Biden-Harris seguirá utilizando nuestras herramientas para responsabilizar a Maduro y sus compinches y apoyar las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano”.
Asimismo destacan que desde las elecciones del 28 de julio, el presidente Maduro y sus representantes supuestamente han arrestado indiscriminadamente a venezolanos por ejercer sus derechos políticos y civiles y han desplegado una serie de tácticas, a su juicio, de intimidación para silenciar a la oposición. Estos actos, incluida la emisión de una orden de arresto contra el candidato presidencial ganador, Edmundo González Urrutia (González), lo que lo obligó a salir de Venezuela para buscar asilo en España.
Con estas nuevas restricciones de visas impuestas, casi 2.000 personas han sido sujetas a restricciones de visas por ser funcionarios del gobierno venezolano y por supuestos hechos de corrupción significativa y de violaciones de los derechos humanos.
Los funcionarios sancionados son:
Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta: es magistrado del TSJ, desde 2014 y actualmente se desempeña en la Sala Constitucional del TSJ. Anteriormente, se desempeñó como magistrado de la Sala Político Administrativa del TSJ. Figueroa apoyó la decisión de la Sala Electoral de revisar y certificar la afirmación del CNE de que Maduro ganó las elecciones. Figueroa participó en la revisión técnica pericial del TSJ en el CNE y estuvo involucrado en la citación de candidatos presidenciales y líderes de partidos políticos al TSJ como parte del proceso de revisión electoral respaldado por Maduro. En 2019, Canadá sancionó a Figueroa por socavar supuestamente la democracia.
Malaquias Gil Rodríguez: es magistrado que se desempeña como presidente de la Sala Político Administrativa del TSJ desde 2022. Anteriormente, se desempeñó como vicepresidente de la Sala Electoral del TSJ; ha ocupado un cargo en el poder judicial desde 2010. Gil ha obstruido presuntamente la democracia al descalificar la candidatura presidencial de Machado. En 2018, Canadá sancionó a Gil por corrupción y violación de los derechos humanos.
Juan Carlos Hidalgo Pandares: es magistrado que se desempeña como vicepresidente de la Sala Político Administrativa del TSJ desde 2022. Anteriormente, Hidalgo se desempeñó como general de la Guardia Nacional Bolivariana y fiscal general del ejército. Hidalgo ha obstruido la democracia al descalificar la candidatura presidencial de Machado.
Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez: encabeza el TSJ y es presidente del TSJ desde enero de 2024 y dirige la Sala Electoral del TSJ. Rodríguez y la Sala Electoral certificaron la afirmación de Maduro de que había ganado las elecciones a pesar de las acusaciones del supuesto fraude electoral generalizado en las elecciones de julio.
Fanny Beatriz Márquez Cordero: es la vicepresidenta del TSJ y miembro de la Sala Electoral. Márquez estuvo entre los funcionarios de la Sala Electoral que supervisaron el proceso de valoración técnica del material probatorio presentado por el CNE, las organizaciones políticas y los ex candidatos que participaron en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Varios medios de comunicación afirmaron que Márquez estuvo entre los funcionarios de la Sala Electoral que certificaron la afirmación infundada del presidente Maduro de haber ganado las elecciones.
Edward Miguel Briceño Cisneros: es el juez especial del Tribunal Primero de Primera Instancia con jurisdicción sobre terrorismo. Briceño emitió una orden de captura contra González menos de una hora después de que el Ministerio Público la solicitara por los cargos de los delitos de usurpación de funciones, incitación a la desobediencia de las leyes, conspiración, sabotaje para dañar sistemas y asociación con miembros de la oposición a quienes el presidente Maduro considera criminales.
Luis Ernesto Duenez Reyes: es fiscal del Ministerio Público. En su cargo, Duenez emitió la solicitud oficial de la orden de captura contra el candidato presidencial opositor Edmundo González, que luego fue emitida por Briceño. González huyó de Venezuela al exilio en España el 8 de septiembre.
Rosalba Gil Pacheco: es rectora del CNE y se desempeña desde 2023 como presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE. También se desempeñó como secretaria de la Asamblea Nacional desde enero de 2021. Gil Pacheco ha obstruido supuestamente la democracia al instituir una nueva regla restrictiva para la elegibilidad de los observadores electorales, instituir irregularidades en el registro electoral y retrasar intencionalmente los procesos de los centros de votación. Además, Gil Pacheco declaró al presidente Maduro ganador de las elecciones presidenciales sin publicar los resultados a nivel de distrito y sin realizar las auditorías requeridas del sistema de votación electrónica del país, entre otras presuntas irregularidades electorales, según informes de prensa.
Antonio José Meneses Rodríguez: es el Secretario General del CNE en funciones desde agosto de 2023. Meneses, según informes de prensa, instituyó una nueva regla restrictiva para la elegibilidad de los observadores electorales, introdujo supuestamente irregularidades en el registro electoral y retrasó intencionalmente los procesos de los centros de votación. Asimismo se dice que firmó el documento de la Contraloría que confirma la inhabilitación de Machado.
Dinorah Yoselin Bustamante Puerta: es fiscal del Tribunal de Primera Instancia Especializado de Venezuela, una oficina dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Además, según fuentes de los medios de comunicación, Bustamante obstruyó la democracia y el estado de derecho al iniciar procesos con motivaciones políticas, que resultaron en la detención arbitraria de miembros de la Asamblea Nacional de 2015 reconocida por los EE. UU.
Pedro José Infante Aparicio: se desempeña como primer vicepresidente de la actual Asamblea Nacional. También se desempeñó como presidente de la Comisión Especial de Investigación y Procesamiento de Partidos de Oposición y Representantes de la Legislatura 2016-2021 por el Despojo y Robo de CITGO como parte de la campaña “Furia Bolivariana” lanzada en enero de 2024 contra la oposición democrática. En ese cargo, la comisión citó a varios miembros de la oposición en procesos aparentemente con motivaciones políticas.
Domingo Antonio Hernández Larez: es el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el cargo desde julio de 2021. Hernández se desempeñó anteriormente como Comandante de la Región Estratégica de la Capital de Defensa Integral (REDI Capital). Hernández fue denunciado por un defensor de derechos humanos en 2019 como supuestamente represor de parte del gobierno del presidente Maduro debido al aumento de la represión y el hostigamiento sistemático por parte de los organismos de inteligencia y seguridad registrados en las zonas bajo su control.
Elio Ramon Estrada Paredes: es el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en el cargo desde julio de 2023. En ese cargo, Estrada lidera la Dirección Antiterrorista de la GNB que realiza labores de inteligencia para detectar y capturar a los involucrados en presuntos planes desestabilizadores y otros delitos. Bajo el mando de Estrada y antes de las elecciones, la GNB hostigó y detuvo a venezolanos bajo sospecha de apoyar materialmente a Machado en la campaña electoral, según numerosas fuentes de noticias. Estrada lideró a la GNB en la detención de manifestantes pacíficos a favor de la democracia después de las elecciones del 28 de julio.
Johan Alexander Hernández Larez: es el comandante de la REDI Capital de la GNB. Larez fue anteriormente el general de división de la Zona de Defensa Integral del Estado Miranda, o Zona Operativa de Defensa Integral del Estado Miranda, comúnmente conocida como ZODI Estado Miranda.
Asdrúbal José Brito Hernández: es el director de Investigaciones Criminales de la DGCIM. Brito fue anteriormente el director de contrainteligencia del destacamento presidencial. Brito es identificado presuntamente como un torturador en los informes de las Naciones Unidas y, según múltiples artículos de prensa, la DGCIM ha liderado una campaña coordinada de “Operación Toc Toc” para acosar, detener y arrestar arbitrariamente a miembros de la oposición y de la sociedad civil después de las elecciones.
Miguel Antonio Muñoz Palacios: es el subdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), un servicio de inteligencia desde 2021. El SEBIN ha llevado a cabo arrestos y detenciones por motivos políticos de líderes de la oposición, voluntarios, trabajadores electorales y testigos electorales por parte del presidente Maduro. Muñoz es uno de los principales líderes del Grupo Pitbull de Venezuela, un grupo integrado por personal del SEBIN de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. El Grupo Pitbull tenía la tarea de hacer presuntamente el «trabajo sucio» y no existían parámetros legales sobre lo que se les encomendaba hacer.
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