El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que su Gobierno evalúa la implementación de un plan de liberación anticipada y condicional que podría beneficiar a cerca del 50 % de los reos acusados de ser colaboradores de las pandillas (maras). Esta medida, según detalló el mandatario en una conferencia de prensa desde la sede de Gobierno en San Salvador, está dirigida a aquellas personas que cooperaron con las estructuras criminales bajo coacción o en un contexto de supervivencia, marcando un matiz en la severa política de seguridad del país centroamericano.
Diferenciación de responsabilidades bajo el régimen de excepción
Durante su intervención, Bukele argumentó que es necesario distinguir entre quienes ejercían el control violento sobre las comunidades y aquellos ciudadanos comunes que se vieron obligados a colaborar para subsistir en zonas dominadas por las maras. El mandatario ejemplificó que no se puede medir con la misma vara a quien participó activamente en un homicidio que a un joven que era obligado a vigilar y alertar sobre la presencia policial en su vecindario. Bajo esta premisa, el plan contempla que los beneficiarios sigan siendo considerados legalmente culpables, pero que cumplan su condena fuera de prisión bajo estrictas medidas de monitoreo.
El impacto de las detenciones masivas y las críticas internacionales
Desde la instauración del régimen de excepción en marzo de 2022, las autoridades salvadoreñas han detenido a más de 93.162 personas acusadas de pertenecer o colaborar con organizaciones criminales. Si bien esta estrategia ha reducido drásticamente los índices de homicidios y ha consolidado la popularidad de Bukele, también ha generado fuertes cuestionamientos por parte de la comunidad internacional. Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, han denunciado detenciones arbitrarias, torturas y la muerte de al menos 570 personas bajo custodia estatal, alertando sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad.
Incertidumbre sobre la ejecución y los próximos pasos
A pesar del anuncio, el Ejecutivo salvadoreño no ha precisado los plazos para la entrada en vigor de esta iniciativa, los criterios técnicos de elegibilidad ni el número exacto de reos que calificarían para la medida. Tampoco se ha aclarado si el plan ya se encuentra en fase de ejecución piloto o si requerirá de reformas legislativas adicionales en la Asamblea Legislativa. La propuesta abre un nuevo capítulo en el debate sobre la sostenibilidad del régimen de excepción y la administración de justicia en El Salvador.
