El presidente Gustavo Petro confirmó la noche del jueves un ELN ataque militar en Cesar contra una base del Ejército, dejando cuatro soldados muertos y trece heridos.
El mandatario explicó que el atentado ocurrió en un batallón de instrucción y entrenamiento, atribuyendo la gravedad a la falta de sistemas antidrones en esa unidad.
Petro anunció decisiones inmediatas en el Consejo de Ministros, ordenando la compra urgente de sistemas antidrones para todo el país.
El Ejecutivo recurrirá a la figura de urgencia manifiesta para acelerar procesos de contratación, evitando retrasos en la adquisición de equipos para proteger instalaciones militares.
El Ejército reportó que el ataque incluyó drones y explosivos contra la Base Militar N.° 27, ubicada en la vereda El Juncal.
La acción afectó al Batallón de Infantería N.° 14, adscrito al Batallón Ricaurte, perteneciente a la Segunda División del Ejército colombiano desplegado en la región.
El comandante general de las Fuerzas Militares, responsabilizó al Frente Camilo Torres Restrepo del ELN, señalando que la operación fue dirigida contra el Batallón Ricaurte.
Tras el ataque, unidades militares desplegaron operaciones conjuntas para asegurar la zona, reforzar el control territorial y garantizar la seguridad de comunidades cercanas.
El comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo Santamaría, condenó el atentado y aseguró que las tropas mantienen operaciones en el área.
Cardozo advirtió que el atentado “no quedará impune”, mientras avanzan labores de verificación, inteligencia y seguridad en la región sur del departamento.
ELN ataque militar en Cesar genera alarma en comunidades locales
El atentado generó alarma, pues evidencia vulnerabilidades en infraestructura militar y la necesidad de fortalecer capacidades tecnológicas frente a amenazas con drones y artefactos explosivos.
Analistas señalan que el ataque refleja la capacidad operativa del ELN, grupo insurgente que mantiene presencia activa en varias regiones del país, incluyendo zonas fronterizas.
El Gobierno enfrenta presión para responder con medidas efectivas, mientras comunidades locales exigen mayor protección y garantías de seguridad.
