La Federación Venezolana de Voleibol se encuentra actualmente en medio de una controversia la cual, de llegar a confirmarse, los dirigentes, atletas y asociaciones miembros solicitarán a la Fiscalía General de la República que inicie las investigaciones pertinentes contra su Junta Directiva. Los señalamientos apuntan hacia presuntos actos irregulares y casos de corrupción que han generado gran preocupación dentro de la comunidad voleibolista.
Entre las irregularidades presentadas se encuentra el presunto cobro de dinero en efectivo por inscripciones en campeonatos nacionales en diversas categorías, sin que se haya realizado una rendición adecuada de estos fondos. Asimismo, se denuncia el cobro en efectivo de transfer de jugadores que no fueron debidamente declaradas, así como la omisión en la rendición de cuentas de transfer según el reporte anual de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB). También se ha señalado la falta de transparencia en la rendición de cuentas de los estados financieros correspondientes a los periodos fiscales 2021, 2022 y 2023, así como la ausencia de auditorías que garanticen la correcta gestión de los recursos.
Estos hechos, de confirmarse, podrían estar inmersos en presuntos delitos tipificados en la constitución y en las leyes venezolanas vigentes. La gravedad de estas acusaciones ha generado un fuerte impacto en la comunidad voleibolista, que exige una pronta y exhaustiva investigación para esclarecer lo sucedido y tomar las medidas correspondientes.
Ante esta situación, es fundamental que se garantice la transparencia y la integridad en el manejo de los recursos y las actividades de la Federación Venezolana de Voleibol. La confianza y el prestigio de esta institución están en juego, y es responsabilidad de las autoridades competentes esclarecer los hechos y tomar las medidas necesarias para restaurar la confianza en el ente rector del voleibol venezolano.
La comunidad deportiva venezolana espera con expectativa los resultados de esta investigación, con la esperanza de que se haga justicia y se restaure la integridad y transparencia.
2001