La explotación de menores en Venezuela vuelve a estremecer al país. Dos hombres fueron detenidos por acoso y abuso contra adolescentes en Zulia y Anzoátegui.
Gerardo Enrique Alvarado, de 64 años, acosaba a tres menores en el sector Ana María Campos, Mara. Las esperaba afuera de sus escuelas para abordarlas.
Según denuncias, intentaba besar a una adolescente de 17 años. A los otros dos menores, de 11 y 9 años, les ofrecía golosinas constantemente.
Explotación de menores en Venezuela exige acción urgente de autoridades y ciudadanía
La madre y abuela de las víctimas alertaron al Cpbez. Los funcionarios actuaron rápidamente y capturaron al acusado en la parroquia La Sierrita.
Al verse rodeado, Alvarado mostró actitud hostil. Lo sometieron y trasladaron a la Estación Policial Cuatro Bocas, quedando a disposición del Ministerio Público.
Mientras tanto, en Anzoátegui, otro caso de explotación de menores en Venezuela lo detectó la Policía Socialista del Municipio Simón Rodríguez (Polisosir).
Un falso empresario, Néstor Daniel Torres Palacios, captaba adolescentes por redes sociales con falsas ofertas laborales. Operaba desde un hotel en la avenida España.
Durante el operativo, rescataron a una joven de 17 años. También detuvieron a su madre, Marina del Valle Lozada Barrera, quien recibía pagos por móvil.
Ambos casos quedaron puestos a la orden de la Fiscalía Décima Segunda, conforme a la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente.
Las autoridades recuerdan que, en caso de emergencia, cualquier conducta ilícita puede denunciarse a través del número 9-1-1, disponible en todo el territorio nacional.
En consecuencia, la explotación de menores en Venezuela refleja una crisis profunda. La vulnerabilidad infantil se agrava por pobreza, desinformación y, además, por el abuso digital.
Por esta razón, es urgente fortalecer campañas educativas. Las familias deben conocer los riesgos y, sobre todo, actuar con firmeza ante cualquier señal de peligro.
En definitiva, estos hechos deben movilizar a la sociedad. Proteger a la infancia es responsabilidad colectiva y, por ende, cada denuncia puede salvar una vida inocente.
