La frontera entre Colombia y Venezuela fue escenario de un operativo que logró desmantelar una red de explotación sexual de menores tras meses de investigación
Durante catorce meses, las autoridades colombianas investigaron silenciosamente el movimiento de esta organización que captaba víctimas en Puerto Ayacucho para trasladarlas a Puerto Carreño.
Gracias a la coordinación entre Fiscalía, CTI, Policía Nacional, ICBF, Migración Colombia y Gaula Militar, tres adultos los capturaron y una adolescente fue aprehendida.
Las víctimas, en su mayoría niñas indígenas, las obligaban a realizar actos sexuales en dos establecimientos controlados por los implicados, según los informes judiciales.
Red de explotación sexual de menores operaba entre Puerto Ayacucho y Puerto Carreño
Los detenidos quedaron identificados como Ingrid Cristina Laguño Tovar, Anderson Mahecha García y Yordan Lugo Rodríguez, quienes cumplían funciones de administración y transporte dentro de la red.
Una de las menores, víctimas, de explotación sexual presentaba discapacidad cognitiva, lo que agrava aún más la crueldad con la que operaba esta estructura criminal transfronteriza.
El fiscal de la Seccional Vichada imputó cargos por concierto para delinquir, trata agravada, proxenetismo y uso de medios para ofrecer servicios sexuales con menores.
Aunque los procesados no aceptaron los cargos, recibieron medida de aseguramiento en centros penitenciarios mientras continúa el proceso judicial correspondiente.
Las autoridades judicializaron a la adolescente aprehendida y ordenaron su internamiento preventivo en un centro especializado.
Las menores rescatadas de explotación sexual quedaron bajo protección del ICBF, que activó protocolos para el restablecimiento de sus derechos fundamentales y atención psicosocial.
Este caso revela la vulnerabilidad de comunidades indígenas ante redes de trata de personas que se aprovechan de la pobreza y el abandono institucional.
Por ello, organizaciones defensoras de derechos humanos exigen mayor vigilancia en zonas fronterizas y políticas públicas que protejan a las niñas y adolescentes.
La red de trata de personas desmantelada representa un avance, pero también un llamado urgente a reforzar la prevención y el acompañamiento comunitario.
