La prohibición del lenguaje inclusivo lo anunció el presidente Nayib Bukele en todos los centros educativos públicos de El Salvador. La medida busca garantizar el uso correcto del idioma y evitar influencias ideológicas en la formación de niños y adolescentes.
Karla Trigueros, ministra de Educación, explicó que se protegerá el desarrollo integral de la infancia mediante contenidos lingüísticos tradicionales.
Un memorándum oficial establece que la norma aplica a todas las dependencias educativas del Estado salvadoreño. Palabras como “amigue”, “compañere”, “niñe” o “jóvenxs” no las admitirán en materiales escolares ni en comunicación institucional.
La prohibición del lenguaje inclusivo
La prohibición del lenguaje inclusivo responde a una política educativa centrada en la claridad y uniformidad del discurso oficial. En febrero de 2024, el exministro José Mauricio Pineda ya había eliminado contenidos relacionados con ideología de género.
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Bukele reafirmó esta postura durante una conferencia conservadora en Maryland, Estados Unidos, ante líderes políticos internacionales. El gobierno sostiene que los padres deben conocer lo que aprenden sus hijos y participar en la formación escolar.
Un memorándum, difundido por la capitana del Ejército, señala que la prohibición abarca “todos los centros educativos públicos y dependencias de esa cartera de Estado” para “consolidar una comunicación institucional clara, uniforme y respetuosa”
La decisión ha generado reacciones diversas entre sectores educativos, religiosos y organizaciones defensoras de derechos humanos. Autoridades aseguran que el modelo educativo lo foralecerán con principios lingüísticos tradicionales y valores familiares.
La medida forma parte de un plan más amplio para consolidar una identidad cultural nacional sin interferencias externas.
El Ejército también respaldó la decisión, difundiendo el memorándum a través de sus canales oficiales. El Salvador se suma a otros países que han debatido el uso del lenguaje inclusivo en espacios públicos.
Esta política educativa marca un precedente en la región sobre el rol del Estado en la regulación del lenguaje.
Agencias/RDN
