El Gobierno de Chile, liderado por el presidente José Antonio Kast, informó que entre enero y octubre de 2026 un total de 10.345 ciudadanos extranjeros que habían ingresado al país por pasos no habilitados optaron por abandonar el territorio nacional de manera voluntaria. De acuerdo con el balance oficial presentado por el Ejecutivo, la gran mayoría de quienes decidieron retornar o salir del país sin que mediara una orden de expulsión forzosa corresponde a ciudadanos de nacionalidad venezolana, quienes representan un total de 8.243 personas dentro de la cifra global.
Aumento en la frecuencia de vuelos de deportación
El anuncio gubernamental coincidió con la ejecución del décimo vuelo chárter de deportación desde que la administración de Kast asumió el poder en marzo pasado. En esta ocasión, una aeronave de la compañía Andes Línea Aérea trasladó a 56 ciudadanos extranjeros hacia Bolivia, Ecuador y Colombia. De este grupo, 45 personas fueron expulsadas por la vía administrativa y 11 por orden judicial, tras haber cometido delitos como robo con intimidación, infracciones a la ley de drogas y robo con violencia, además del ingreso irregular al territorio.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó en conferencia de prensa que con este operativo la cifra de extranjeros expulsados en lo que va del año asciende a 1.874 personas. Pavez enfatizó que el ritmo de deportaciones bajo la actual gestión representa una frecuencia aproximadamente tres veces superior al promedio mensual registrado durante el gobierno anterior de Gabriel Boric, periodo en el cual se ejecutaron 1.117 expulsiones a lo largo de todo el año 2025.
Desafíos diplomáticos y órdenes pendientes de ejecución
A pesar del incremento en las salidas voluntarias y las expulsiones forzosas, que en conjunto suman 12.219 personas este año, el escenario migratorio en Chile sigue presentando magnitudes complejas. Datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) estiman que actualmente residen en el país más de 330.000 extranjeros en situación irregular. Asimismo, diversos reportes del sector indican que existen más de 75.000 órdenes de expulsión pendientes de ejecución, de las cuales casi la mitad involucran a ciudadanos venezolanos.
La resolución de estas expulsiones pendientes enfrenta importantes trabas diplomáticas. Aunque en agosto pasado se restablecieron las relaciones consulares entre Santiago y Caracas —tras la ruptura ocurrida en 2024— y en septiembre se produjo un encuentro en las Naciones Unidas entre el presidente Kast y la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, las autoridades chilenas no han reportado avances significativos que faciliten la repatriación masiva o la aceptación de vuelos de deportación directos por parte del gobierno venezolano.
Debate legislativo para tipificar la migración irregular
En paralelo a las medidas administrativas y de control fronterizo, el oficialismo avanza en su agenda legislativa dentro del Congreso Nacional. Actualmente se encuentra en debate un proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo que busca tipificar la migración irregular como un delito penal en el código chileno. Esta iniciativa busca endurecer las sanciones para quienes ingresen de forma clandestina al país y agilizar los procesos judiciales de expulsión, en medio de un intenso debate político entre las fuerzas parlamentarias sobre el enfoque de seguridad y los derechos humanos de la población migrante.
