Una joven venezolana de veinticinco años recuperó su libertad tras permanecer recluida en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) . Un juez federal determinó que el gobierno estadounidense violó su derecho fundamental al debido proceso legal.
Stephanie Velásquez es esposa de un reservista del Ejército y fue arrestada al acudir a una cita rutinaria. Su detención ocurrió apenas 48 horas después de contraer matrimonio en la ciudad de Houston.
El abogado defensor presentó un recurso de habeas corpus para impugnar la reclusión prolongada de su cliente. No obstante, la orden judicial estableció un plazo inmediato para permitir que la joven continúe su proceso fuera.
Condiciones en el centro de detención
La falta de privacidad en baños y duchas fue denunciada por la víctima tras salir del recinto. Stephanie relató que compartía un espacio reducido con otras 60 mujeres bajo condiciones de higiene sumamente precarias.
Por su parte, la joven venezolana sufrió ataques de ansiedad debido al diseño hostil de las instalaciones migratorias. Por lo tanto, su testimonio contradice las afirmaciones oficiales sobre la calidad de la atención médica recibida internamente.
La alimentación insuficiente y la dificultad para obtener medicamentos básicos forman parte de los maltratos narrados por las reclusas.
Stephanie mencionó la falta de acceso adecuado a alimentos frescos dentro del centro de detención. Enfatizó que las condiciones son tan precarias en el centro para migrantes, que tras su liberación expresó sentimientos encontrados.
Políticas migratorias y derechos familiares
La controversia sobre estas tácticas de arresto sigue creciendo en diversos sectores de la sociedad civil estadounidense.
El equipo legal continuará con las acciones necesarias para regularizar la situación migratoria definitiva de la ciudadana venezolana. Su caso es un patrón que refleja la dureza de las leyes.
Finalmente, la liberación de Stephanie representa una victoria para los derechos humanos frente a las estrictas normas del centro de detención. De esta forma, se busca sentar un precedente jurídico que evite futuras separaciones familiares.
