Una jueza federal ha emitido una orden que suspende temporalmente la política del gobierno estadounidense que permitía las deportaciones rápidas de migrantes en todo el país. La decisión se basa en que la medida viola el debido proceso legal, un derecho garantizado por la Quinta Enmienda de la Constitución de EE. UU.
La orden judicial responde a una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la organización Make The Road New York, las cuales argumentaron que la expansión de las «expulsiones inmediatas» era inconstitucional.
En su dictamen de 48 páginas, la jueza Jia Cobb aclara que su fallo no cuestiona la política de deportación rápida original, aplicada a personas detenidas cerca de la frontera con pocos días de estancia. En cambio, su decisión se centra en la reciente expansión de esta medida, que permitía la deportación de migrantes indocumentados sin que pudieran probar dos años de residencia continua, sin importar su ubicación en el país.
La jueza Cobb enfatiza que, al aplicar esta política a un gran número de personas que viven en el interior del país, el Gobierno debe garantizar un debido proceso. Además, califica de «verdaderamente sorprendente» el argumento del Gobierno de que las personas que ingresaron ilegalmente no tienen derecho a un proceso bajo la Quinta Enmienda.
Cobb concluye que, si ese argumento fuera correcto, «no solo los no ciudadanos, todos estaríamos en riesgo».
Este bloqueo temporal es una victoria significativa para los defensores de los derechos de los migrantes y un freno a una de las políticas migratorias más controvertidas del gobierno.
EFE / RDN
