Un fiscal de Estados Unidos pidió a la Justicia de su país que ordene la ejecución definitiva de la orden de decomiso del avión de carga del Estado venezolano que aterrizó hace casi un año en la Argentina, con tripulantes venezolanos e iraníes sospechados de espionaje, y desde junio del año pasado está custodiado en una pista marginal del aeropuerto de Ezeiza. Así lo señalan documentos judiciales norteamericanos fechados el 13 de abril pasado, a los que accedió LA NACION, firmados por el fiscal Rajbir Datta.
En tanto, el Ministerio de Justicia que encabeza Martín Soria retiene desde el año pasado un exhorto enviado por la justicia estadounidense en el que pide que les entreguen la aeronave, reconocieron seis fuentes relacionadas con el caso. El ministerio local le requirió a la justicia de Estados Unidos aclaraciones y explicaciones adicionales antes de decidir si traslada el exhorto al juez federal Federico Villena para que resuelva si entrega el avión. Este intercambio de exhortos con los Estados Unidos es secreto, ya que el acuerdo de cooperación así lo prevé.
El Boeing de Emtrasur que aterrizó en Ezeiza el 6 de junio de 2022 y generó alarma por lo inusual de su tripulación binacional y la sospecha de que estaba haciendo tareas de espionaje, pertenece a Venezuela en los papeles y fue comprado a la empresa de Irán Mahan Air, pero Estados Unidos lo quiere decomisar porque entiende que se violó una ley norteamericana que prohíbe negociar bienes norteamericanos con empresas listadas como sospechosas de terrorismo.
La entrega de la aeronave a los Estados Unidos es una decisión política del Estado argentino, que debe resolver si hace lugar al reclamo norteamericano o si elige no pelearse con el gobierno de Venezuela y eventualmente el de Irán, que observa el desarrollo de las acciones.
El acuerdo de cooperación judicial internacional entre la Argentina y Estados Unidos es de 1991 y prevé que es el Ministerio de Justicia el organismo que tramita las solicitudes, no la Cancillería, cono ocurre con todos los demás países. El Ministerio de Justicia tiene la decisión política de tramitar ese pedido o no. Por reciprocidad, cuando la Argentina le pide colaboración a los Estados Unidos, también la secretaria de Justicia se reserva esa facultad.
A principios de agosto del año pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos transmitió una solicitud a las autoridades argentinas para incautar el avión de carga Boeing 747-300, luego de que se revelara una orden de incautación emitida por la corte de distrito de Columbia el 19 de julio pasado.
En esa ocasión, el Ministerio de Justicia se allanó de inmediato, recibió el pedido del juez de Washington Michael Harvey y lo reenvió al juez Villena de Lomas de Zamora, que debía resolver qué hacía con los tripulantes iraníes y venezolanos. El juez finalmente sobreseyó a algunos de ellos, les dictó la falta de mérito a otros y permitió su salida del país. Eran 19 tripulantes del avión de Emtrasur, cuatro iraníes, entre ellos el piloto y el copiloto, y 15 venezolanos.
Pero en cuanto a la incautación del avión, es decir el secuestro de la aeronave, el juez Villena estuvo de acuerdo con la solicitud de la fiscal Cecilia Incardona y retuvo el avión a disposición de la Justicia norteamericana.
En la orden de incautación de la Justicia de Columbia se indicaba que el avión de fabricación estadounidense “está sujeto a decomiso en base a violaciones de las leyes de control de exportaciones” de ese país y que en este caso la violación estaría relacionada “con la transferencia no autorizada del avión de Mahan Air, una aerolínea iraní”, a una firma venezolana. El departamento de Justicia norteamericano recordó el supuesto vínculo de Mahan Air con el Hezbollah y la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC-QF), una organización sindicada como terrorista por los Estados Unidos.
Con esa decisión del juez Villena, el avión quedó paralizado en Ezeiza. Un grupo de alguaciles (”marshals”) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos está desde entonces viajando de manera frecuente a Buenos Aires para hacerse cargo del mantenimiento del avión. Contratan a personas que lo pongan en marcha, que se hagan cargo de mantenerlo en operaciones, por orden de la Justicia norteamericana. Estados Unidos paga por el estacionamiento de la aeronave, el combustible y el mantenimiento.
Luego del primer exhorto en el que se solicitaba la incautación, que pasó por el Ministerio de Justicia como por un tubo, llegó el segundo, en el que la justicia de Estados Unidos requería el decomiso para llevárselo a su país. La medida fue ordenada a fin de octubre del año pasado por la corte de Columbia y el exhorto llegó semanas después al Ministerio de Justicia.
Ese segundo exhorto hablaba de un decomiso in rem, es decir que sigue al objeto y no a las personas, y lo planteaba como un decomiso civil, sin perjuicio de las personas involucradas. El asunto no es menor porque con imputados con falta de mérito y sobreseídos, la empresa Emtrasur, representada por el abogado Maximiliano Rusconi, está reclamando que le devuelvan la aeronave. La Justicia le dijo que no, y el reclamó escaló hasta la Cámara Federal, que le negó esa posibilidad. Las autoridades venezolanas reclamaron airadamente el avión: dijeron que estaba secuestrado por el gobierno argentino.
Se trata de un viejo avión, discontinuado, que tiene un gran gasto de combustible y prácticamente no tiene valor comercial para la industria. Sí es un botín geopolítico, en medio de la pulseada entre Estados Unidos y Venezuela, con el gobierno argentino en medio.
El Ministerio a cargo Soria pidió precisiones tras señalar que había problemas con la traducción y el documento tuvo dos idas y vueltas sin que se adopte finalmente la decisión de enviarlo a la Justicia para que resuelva si le dan la propiedad del avión a los Estados Unidos. “Hay un claro componente político en la decisión de retener el exhorto. No le quieren dar el avión a los Estados Unidos porque se trata de favorecer a Venezuela”, dijo una fuente que es parte en la controversia.
Alberto News
