La organización Amnistía Internacional emitió una acción urgente dirigida a Delcy Rodríguez con el firme propósito de liberar a presos políticos en Venezuela inmediatamente.
El documento oficial detalla que aproximadamente quinientas personas permanecen bajo custodia del Estado por motivos estrictamente ideológicos, desafiando las normativas de derechos humanos internacionales vigentes.
A pesar de existir una Ley de Amnistía desde febrero, la institución señala que cientos de ciudadanos continúan tras las rejas sin justificación legal alguna actualmente.
Dicha comunicación califica el sistema judicial venezolano como una «puerta giratoria» donde las excarcelaciones suelen preceder a nuevas capturas arbitrarias contra la disidencia civil organizada.
Por consiguiente, la comunidad global observa con preocupación cómo se mantienen causas penales abiertas contra periodistas y defensores de derechos fundamentales en todo el territorio nacional.
Acciones para liberar a presos políticos en Venezuela
En este sentido, el informe menciona casos críticos como el de Javier Tarazona y las hermanas Hernández, a quienes se les negó sistemáticamente el beneficio procesal.
La organización solicita formalmente el cese de la persecución política y la protección integral para quienes todavía permanecen recluidos en centros de detención del Estado venezolano.
Además, advierten que los responsables de estas violaciones podrían enfrentar investigaciones ante instancias judiciales independientes fuera de las fronteras nacionales por crímenes de lesa humanidad.
Ciertamente, el documento exige garantizar acceso a atención médica adecuada y representación legal privada para asegurar la integridad física de los detenidos en condiciones precarias.
No obstante, la presión internacional busca liberar a presos políticos en Venezuela mediante el cumplimiento estricto de los acuerdos firmados previamente en mesas de negociación política.
Finalmente, la acción urgente resalta que la libertad incondicional es el único camino para restaurar el orden democrático y el respeto a la dignidad humana básica.
Expertos independientes coinciden en que la anulación de estas causas penales resulta indispensable para alcanzar una paz social duradera dentro de la convulsionada nación caribeña.
