Los ataques dentro de Venezuela son una opción que Estados Unidos mantiene sobre la mesa, aunque funcionarios aseguran que no se contemplan en este momento específico.
La declaración surge en medio de una escalada militar en el Caribe, donde fuerzas estadounidenses han intensificado operaciones contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico regional.
Los ataques dentro de Venezuela son una opción que Washington considera en su campaña antinarcóticos y presión geopolítica
El presidente Trump ha vinculado su estrategia antinarcóticos con presiones directas sobre los gobiernos de Colombia y Venezuela, generando tensiones diplomáticas en toda América Latina.
En redes sociales, Trump acusó al presidente colombiano Gustavo Petro de liderar el narcotráfico ilegal y amenazó con suspender toda ayuda bilateral.
Además, anunció nuevos aranceles y medidas unilaterales si Colombia no cerraba lo que llamó “campos de exterminio”, intensificando el conflicto político.
En paralelo, el mandatario estadounidense autorizó a la CIA para realizar acciones encubiertas en Venezuela, según fuentes citadas por The Wall Street Journal.
Aunque los ataques dentro de Venezuela no se han ejecutado, el Pentágono desplegó activos militares frente a sus costas, provocando denuncias de provocación por parte de Maduro.
El gobierno venezolano respondió con una carta formal, negando vínculos con el narcotráfico y solicitando respeto a la soberanía nacional.
Expertos advierten que la línea entre lucha antinarcóticos y cambio de régimen se ha difuminado, generando preocupación entre juristas y organismos internacionales.
Senadores estadounidenses de ambos partidos han exigido explicaciones legales sobre el uso de fuerza letal contra embarcaciones en el Caribe.
Colombia y Trinidad y Tobago confirmaron que ciudadanos suyos murieron en ataques recientes, lo que elevó la tensión diplomática en la región.
Los ataques dentro de Venezuela, aunque no contemplados por ahora, forman parte de un plan más amplio que incluye presión aérea, marítima y económica.
La ciudadanía venezolana observa con inquietud el despliegue militar, mientras líderes regionales piden respeto al derecho internacional y diálogo político.
Este escenario exige prudencia, transparencia y garantías de paz, evitando que la lucha contra el narcotráfico se convierta en una excusa para la intervención.
