El ciudadano venezolano Wilber Rafael Garcés Pérez, de 28 años, quien resultó gravemente herido tras recibir un disparo por la espalda por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), debió ser reingresado de urgencia a un centro hospitalario en Texas. El traslado se produjo luego de que el joven comenzara a perder la sensibilidad y la movilidad en el lado izquierdo de su cuerpo, una preocupante secuela derivada de la bala que aún permanece alojada cerca de su columna vertebral.
Detalles del polémico operativo en Austin
Los hechos que desencadenaron esta crisis médica y legal ocurrieron en la ciudad de Austin, Texas, cuando Garcés Pérez se encontraba trabajando como repartidor de comida para la aplicación DoorDash. Según el testimonio ofrecido por el propio afectado, agentes de ICE interceptaron su vehículo de manera abrupta, impactando uno de los costados de su automóvil. Al intentar maniobrar para estacionarse de forma segura antes de descender, uno de los oficiales migratorios abrió fuego en su contra, hiriéndolo por la espalda sin que mediara una amenaza real o justificada que motivara el uso de la fuerza letal.
Negligencia médica y denuncias de malos tratos bajo custodia
Tras el tiroteo, el joven venezolano fue llevado inicialmente al Centro Médico Dell Seton de la Universidad de Texas. Sin embargo, en un procedimiento sumamente cuestionado por su defensa legal, fue dado de alta apenas cuatro horas después con el proyectil todavía en su cuerpo, para luego ser recluido en el centro de detención migratoria de Pearsall, ubicado a unos 220 kilómetros al sur de Austin. Su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch, denunció públicamente que las condiciones de reclusión agravaron su estado de salud, señalando que el joven pasó la noche en el suelo con dolores intensos y sin recibir la atención médica requerida.
La situación empeoró drásticamente cuando otros internos alertaron a la defensa de que Garcés Pérez estaba perdiendo la movilidad de su brazo y de su costado izquierdo. Además, la abogada denunció que, tras realizar una rueda de prensa telefónica para visibilizar el caso, el migrante fue despojado de la tableta de comunicación del penal y confinado temporalmente en una celda de aislamiento. Durante el posterior traslado de emergencia al hospital, el joven habría sido tratado con brusquedad por los custodios, quienes lo esposaron de pies y manos y le colocaron cadenas en la cintura a pesar de su delicado estado neurológico.
Batalla legal y paralización de la deportación
El caso ha tomado una importante dimensión jurídica luego de que el juez federal Orlando García emitiera una resolución de emergencia que frena temporalmente cualquier intento de deportación por parte de las autoridades migratorias. Esta medida cautelar busca garantizar que Wilber Garcés permanezca en territorio estadounidense para recibir el tratamiento médico especializado necesario y para que pueda comparecer en una audiencia federal programada para finales de septiembre.
Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha confirmado la apertura de una investigación formal sobre el incidente con el apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI). La defensa del venezolano insiste en que su representado ingresó legalmente a Estados Unidos en 2024 a través de la aplicación oficial CBP One y contaba con un permiso de trabajo vigente, desmintiendo las justificaciones de ICE sobre una supuesta orden de deportación previa que, según explican, fue emitida en ausencia debido a un error de notificación en una dirección antigua.
