El Ministerio Público y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) abrieron una investigación respecto a varias empresas comerciales en el estado Zulia por presuntas irregularidades en la importación y comercialización de equipos electrónicos, electrodomésticos y línea blanca, dijeron fuentes judiciales.
De acuerdo a la investigación, las empresas al parecer están importando mercancía a través del servicio “puerta a puerta”, un mecanismo diseñado exclusivamente para envíos personales, pero que están utilizándolo con fines comerciales para evitar el pago de aranceles y evadir impuestos, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), explicó una fuente.
La Fiscalía 77 Nacional con Competencia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos realiza la investigación, y quedó signado con el número MP-182355-2024.
Entre las empresas bajo investigación se encuentran:
– Grupo Javi Store, conformado por varias empresas, incluyendo Inversiones Los Próceres 2017, C.A.
– Maye Import C.A.
– Bracho Import 21 C.A.
Las investigaciones preliminares señalan que estas compañías presuntamente han estado utilizando el sistema “puerta a puerta” para ingresar grandes volúmenes de equipos electrónicos, electrodomésticos y línea blanca (neveras, lavadoras, aires acondicionados, cocinas, entre otros) sin pagar aranceles ni cumplir con los requisitos fiscales y aduaneros.
Hasta ahora, el Ministerio Público ha detectado:
-Uso indebido del sistema “puerta a puerta” con fines comerciales, evitando el pago de impuestos.
– Evasión del IVA en las ventas, lo que genera un grave daño a la recaudación fiscal.
– Entrega de notas de entrega en lugar de facturas fiscales, lo que deja a los compradores sin respaldo legal ni posibilidad de reclamos.
– Presunta falsificación o alteración de documentos para justificar el ingreso de la mercancía.
– Competencia desleal con empresas que sí cumplen con sus obligaciones tributarias y aduaneras.
Un experto en derecho tributario explicó que los responsables de tales ilícitos se exponen a:
– Multas millonarias y sanciones administrativas por evasión fiscal y fraude aduanero.
– Cierre inmediato de los establecimientos comerciales que incumplan la normativa.
– Investigaciones penales contra los representantes legales de las empresas implicadas, con posibles cargos por: defraudación tributaria, fraude aduanero, contrabando agravado, decomiso inmediato de toda la mercancía importada de manera irregular.
La motivación para iniciar la investigación es combatir el comercio ilícito y la evasión fiscal, asegurando el cumplimiento de la ley y protegiendo a los consumidores, explicó una fuente judicial.
Desde el Seniat instan a los consumidores y comerciantes a exigir facturas fiscales en cada compra y verificar que los comercios cumplan con la normativa.
También exhortan a denunciar a cualquier empresa que se niegue a emitir facturas legales o que utilice mecanismos irregulares para la importación de mercancía.
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