La fundación El Amparo denunciará ante la Corte Penal Internacional (CPI) al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y a miembros de su cadena de mando por la deportación de más de 200 venezolanos desde Estados Unidos hacia territorio salvadoreño, acusados de presuntamente integrar la banda criminal Tren de Aragua, anunció este jueves el presidente de la ONG, Walter Márquez.
«Recurriremos a la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, por la responsabilidad personal de Bukele y la cadena de mando responsable de esas detenciones arbitrarias», señaló Márquez en una rueda de prensa virtual.
Asimismo, dijo que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares para estos venezolanos deportados en marzo pasado, con el objetivo, dijo, de que se respete el debido proceso y de que se le solicite a El Salvador la «inmediata libertad» de los migrantes.
Márquez indicó que se han maltratados a algunos detenidos en la cárcel de máxima seguridad Cecot (Centro de Confinamiento del Terrorismo), por lo que considera que las autoridades salvadoreñas deben abrir «de oficio» una investigación.
Familiares viajan a El Salvador
La semana pasada, el activista junto a un grupo de familiares viajaron hasta El Salvador con la intención de poder visitar a los venezolanos detenidos, pero no fue posible.
«Pudimos comprobar en ese viaje que los venezolanos migrantes deportados a El Salvador están totalmente aislados, incomunicados, sin ningún juicio en El Salvador, donde no han cometido ningún delito, sin ninguna claridad de su futuro legal», relató.
El abogado aseguró que ninguno de los deportados hacia el país centroamericano pertenece a la banda criminal Tren de Aragua, nacida en una cárcel venezolana, y que, en tal caso, dijo que eso debió probarse en instancias judiciales de Estados Unidos.
«Nosotros fuimos a agotar la vía interna, ya se han introducido varios habeas corpus individualizados, para varios de ellos, y hasta ahora, a pesar de que debe ser un procedimiento expedito, rápido, no tenemos respuestas», apostilló.
La ONU fijo posición
La ONU dijo, en mayo pasado, que puede considerarse desaparición forzada de este grupo de venezolanos, en vista de la «completa incertidumbre» sobre su paradero y la situación en la que se encuentran tras su deportación de Estados Unidos a El Salvador.
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La portavoz de este organismo, Liz Throssell, indicó entonces que ni las autoridades estadounidenses ni las salvadoreñas han publicados «listados oficiales de los detenidos, y su situación legal en El Salvador siguen sin estar clara».
EFE/RDN
