Un escándalo sacudió al estado Lara tras denunciarse un flagrante operativo ilegal en Barquisimeto ejecutado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana.
Varios agentes vestidos de civil irrumpieron violentamente en un establecimiento de entretenimiento nocturno para amedrentar a las personas que se encontraban presentes.
Por consiguiente, los uniformados acusaron infundadamente a los ciudadanos de cometer delitos inexistentes relacionados con su orientación sexual dentro del mencionado recinto comercial.
Las consecuencias del operativo ilegal en Barquisimeto contra los derechos ciudadanos
Asimismo, los afectados denunciaron que sufrieron maltratos verbales y el robo de sus pertenencias personales durante la ejecución de este procedimiento totalmente irregular.
Las víctimas recuperaron su libertad plena horas después del arresto tras concretar un pago en divisas a través de una plataforma electrónica de transferencias.
Por lo tanto, la visibilización del caso por redes sociales provocó la inmediata reacción de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos a nivel nacional.
Ante la gravedad de los hechos presentados, la comandancia general de la institución policial activó rápidamente sus mecanismos internos de control y supervisión.
Debido a la presión pública, las autoridades arrestaron a cinco funcionarios policiales implicados directamente en este operativo ilegal en Barquisimeto durante el fin de semana.
Efectivamente, el Ministerio Público comisionó a fiscales especialistas en derechos humanos y diversidad de género para dirigir formalmente todas las investigaciones penales correspondientes.
Los representantes fiscales presentarán a los implicados ante un tribunal de control local por la presunta comisión de delitos contrarios a la ética pública.
La comunidad civil exige justicia oportuna y el esclarecimiento total sobre la cantidad exacta de uniformados que participaron en este operativo ilegal en Barquisimeto.
El Estado venezolano ratificó su compromiso institucional de velar por el respeto absoluto de los derechos ciudadanos sin admitir ningún tipo de discriminación.
Este suceso reactiva las alarmas de los movimientos sociales respecto a la vulnerabilidad y los abusos policiales que sufren las minorías en el país.
Por último, los tribunales competentes determinarán las responsabilidades penales de cada funcionario involucrado en este repudiable ataque contra la integridad de los ciudadanos.
