Dos hombres quedaron sentenciados el pasado miércoles 18 de junio a cadena perpetua por su responsabilidad en el asesinato de un niño de 11 años durante un tiroteo ocurrido en 2023 frente a un estadio de béisbol en Albuquerque, Nuevo México. La agresión, que también dejó a otra menor privada de movilidad, desató una fuerte reacción política en el estado, incluyendo una controvertida prohibición temporal de armas decretada por la gobernadora Michelle Lujan Grisham.
Los sentenciados, José Romero y Nathen Garley, ambos de poco más de 20 años, los encontraron culpables en febrero por un jurado que los halló responsables de asesinato en primer grado, disparos desde un vehículo en movimiento, manipulación de pruebas y otros cargos vinculados al crimen, y la condena, anunciada por la fiscalía del distrito de Albuquerque, contempla cadena perpetua más 46 años adicionales, lo que garantiza que ambos permanecerán bajo la custodia del Departamento de Correcciones de Nuevo México de forma permanente.
El tiroteo ocurrió cuando la familia Villegas salía del estadio en una camioneta junto a otros vehículos. Los agresores confundieron el vehículo en el que viajaban la madre, su hijo de 11 años Froylan, su bebé y la prima del niño, Tatiana Villegas. El ataque dejó muerto al menor y paralizó a Tatiana, mientras que la madre y el hermano más pequeño salieron ilesos. Según investigadores del caso, el móvil fue un error de identificación por parte de los agresores.
El debate sobre la violencia armada
La muerte de Froylan Villegas sacudió a la comunidad y avivó el debate sobre la violencia armada.
El asesinato de Froylan Villegas generó conmoción inmediata en Albuquerque. El menor se encontraba en el asiento trasero de la camioneta cuando comenzaron los disparos. Tatiana Villegas, su prima, también en la parte trasera del vehículo, recibió impactos de bala que la dejaron con lesión medular. La tragedia familiar ocurrió frente a un estadio abarrotado, mientras decenas de vehículos abandonaban el lugar tras el evento deportivo.
“La violencia con armas de fuego ha alcanzado niveles inaceptables”, expresó entonces la gobernadora Michelle Lujan Grisham, quien en los días posteriores a este crimen y otros casos similares que involucraron menores, declaró una emergencia de salud pública por violencia armada.
La decisión permitió emitir una orden ejecutiva temporal que suspendía el derecho a portar armas en parques y zonas de recreación infantil en el área metropolitana de Albuquerque. La medida resultó duramente cuestionada por defensores del derecho a portar armas, quienes presentaron demandas legales y organizaron protestas frente al capitolio estatal.
La gobernadora impuso restricciones temporales al porte de armas tras una ola de tiroteos fatales
En respuesta al asesinato de Froylan y otros incidentes violentos que cobraron la vida de niños en el estado, la gobernadora Lujan Grisham declaró una serie de restricciones. Basada en su autoridad para declarar emergencias de salud pública, impuso una prohibición temporal del porte de armas en ciertos espacios públicos frecuentados por menores.
Aunque la intención busca frenar la violencia armada, las medidas no tardaron en generar una intensa reacción pública. Grupos defensores de la Segunda Enmienda catalogaron la orden como inconstitucional y llevaron el caso ante los tribunales. La controversia alcanzó cobertura nacional y dividió a legisladores y ciudadanos entre quienes apoyaban la urgencia de la medida y quienes la consideraban una extralimitación del poder ejecutivo.
Pese a las críticas, Lujan Grisham mantuvo su postura. “No podemos aceptar la normalización de la violencia armada”, declaró durante una rueda de prensa posterior a la promulgación de la orden, según informes de NBC News.
La condena de Romero y Garley cierra un capítulo, pero deja abierta la discusión sobre seguridad pública
Con la condena dictada el miércoles, los sentenciados Romero y Garley pagarán cadena perpetua, según informó la fiscalía. “Con esta sentencia aseguramos que no podrán hacerle daño a nadie más”, agregó Bregman en declaraciones recogidas por la oficina del fiscal del distrito.
El asesinato de Froylan Villegas dejó una huella profunda en la sociedad neomexicana. La respuesta institucional —desde la gobernadora hasta el poder judicial— resultó contundente, pero también ha desatado un debate constitucional que, a un año de los hechos, sigue sin resolverse del todo.
INFOBAE/RDN
