Desde el 6 de enero investigan a la interina y ya van unos 60 muertos en su Gobierno
La Fiscalía General de Perú, que desde el 6 de enero anunció una investigación contra Dina Boluarte; mandataria designada por el Parlamento el 7 de diciembre tras destituir al presidente Pedro Castillo, informó el viernes que citó a la jefa del interinato por los casos de los fallecidos a causa de la represión policial a las protestas que le exigen.
En enero, el Ministerio Público de Perú inició la diligencias necesarias contra Boluarte, por los fallecidos registrados hasta entonces durante la protesta en el país, desde diciembre pasado; tras la destitución y posterior detención de Castillo.
La solicitud del Ministerio Público se encuentra enmarcada en investigación abierta contra el Gobierno peruano por la supuesta comisión de delitos de genocidio y homicidio calificado, recoge Telesur.
A través de un comunicado se dio a conocer que Boluarte deberá acudir el próximo 7 de marzo a la sede del Ministerio Público para ser consultada por los muertos a causa de la represión en las ciudades de Ayacucho y Puno, así como en otras regiones del sur de Perú.
20 años de cárcel para Boluarte
Otro dato importante a tener en cuenta es que a finales de enero, tras el recrudecimiento de la represión desde el Ejecutivo interino de Boluarte que elevó la cifra de fallecidos hasta rosar los 60, el medio peruano La República, entrevistó a Andy Carrión, abogado penalista del país andino, y este señaló que la mandataria designada deberá pagar 20 años de cárcel por sus crímenes a la cabeza del Gobierno peruano.
El Gobierno liderado por la presidenta de la república, Dina Boluarte, y su primer ministro, Alberto Otárola Peñaranda, tendrá que responder (ante los fueros judiciales correspondientes) por las aproximadamente 60 muertes que ha dejado, hasta el momento, la represión policial, señaló entonces el medio.
Carrión señaló que no existe un Estado de derecho en el mundo que permita la cifra de 60 fallecidos, producto de una convulsión social y política que pueda ser justificada. En tanto, advierte que Boluarte tendrá que responder judicialmente por los que perdieron la vida.
“Sesenta muertos en el transcurso de la protesta, desde que se iniciaron. En ningún Estado normal de derecho puede uno permitirse tener tantos muertos. Eso ya es violar los derechos fundamentales de las personas y de un grupo social. No se están resguardando los derechos fundamentales de las personas. Obviamente, se tienen que investigar cada una de esas muertes. El Gobierno no ha sido respetuoso de los derechos humanos”, dijo.
“Estoy absolutamente convencido (que una vez que deje la presidencia, tendrá que responder ante la justicia) porque las imputaciones que se hacen contra la presidenta no son a raíz de que ellos han estado presentes en los disturbios y que ellos han disparado, esa no es la forma de imputación. Esto se hizo con Alberto Fujimori, ellos manejan el aparato estatal, ellos toman las decisiones sobre un aparato organizado de poder, ellos no necesitan estar en el lugar de los hechos, ellos bien pueden dar las órdenes de reprimir”, destacó el jurista.
El abogado repudió como los fallecidos son producto de la orden de Boluarte para controlar las protestas contra su mandato, las cuales piden su renuncia al cargo, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones generales para una fecha prudente y no la de abril de 2024, establecida por el Parlamento.
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