La parlamentaria Nora Bracho ofreció un reporte denunciando la situación de las personas privadas de libertad por razones políticas en el territorio nacional.
La legisladora explicó que existen cuatrocientas cincuenta y siete personas bajo reclusión, datos validados rigurosamente junto a la organización no gubernamental Foro Penal.
La situación de las personas privadas de libertad por razones políticas
Muchos ciudadanos enfrentan persecución judicial por disentir, emitir opiniones críticas en medios o difundir informaciones mediante sus cuentas personales en redes sociales institucionales.
Por consiguiente, la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía evalúa expedientes específicos de personas procesadas por tribunales ordinarios nacionales de control.
Los parlamentarios buscan dar una salida política efectiva a los casos estancados que no han recibido respuestas oportunas mediante los canales judiciales tradicionales vigentes.
Por lo tanto, la comisión legislativa procesó catorce mil novecientas sesenta y cinco solicitudes formales durante los primeros tres meses de vigencia de esta normativa.
Los análisis técnicos permitieron registrar formalmente la cantidad de personas privadas de libertad que esperan una resolución judicial definitiva.
Además, el beneficio legal alcanzó directamente a trescientas catorce personas encarceladas y a más de ocho mil ciudadanos que mantenían medidas cautelares sustitutivas.
La aplicación efectiva del instrumento jurídico representa el setenta y tres por ciento de los casos evaluados, mientras otros expedientes siguen bajo revisión técnica.
Finalmente, la diputada exigió amnistías para las personas privadas de libertad por razones políticas, facilitando el reencuentro de los militares con sus respectivas familias.
La vocera parlamentaria también condenó enérgicamente las condiciones inhumanas de reclusión, reportando requisas humillantes contra las mujeres que visitan los recintos penitenciarios.
Los traslados de internos ocurren bajo restricciones severas y manipulación antihigiénica de los alimentos, vulnerando sistemáticamente la dignidad del sistema carcelario en la nación.
La normativa legal permanecerá activa de forma indefinida para garantizar que cualquier ciudadano afectado pueda solicitar este beneficio humanitario en el futuro cercano.
Bracho reiteró la urgencia de revisar la situación de aquellas personas privadas de libertad por razones políticas que padecen enfermedades crónicas graves.
