La posible revocación de visas B1 y B2 afectará a unos 200.000 extranjeros que solicitaron asilo tras ingresar formalmente a Estados Unidos.
Las autoridades del Departamento de Estado y Seguridad Nacional impulsan coordinadamente esta medida migratoria sin precedentes registrados en la historia reciente del país.
Asimismo, la iniciativa gubernamental busca frenar categóricamente lo que la actual administración considera peticiones de protección internacional fraudulentas o totalmente infundadas.
La pérdida del documento de turismo o negocios no implica la deportación inmediata, pero altera gravemente el estatus legal de cada afectado.
La revocación de visas B1 y B2 desata una nueva batalla judicial
Por consiguiente, los ciudadanos que mantengan procesos abiertos en tribunales migratorios afrontarán severas limitaciones operativas para continuar sus trámites de permanencia.
Además, este plan se suma a intensos controles de antecedentes penales, revisiones de redes sociales y exigencias financieras aplicadas a viajeros internacionales.
La revocación de visas B1 y B2 busca desincentivar el uso de permisos temporales como vía directa hacia el sistema de asilo estadounidense.
El gobierno estadounidense ya canceló previamente unas 175.000 visas por antecedentes penales o motivos políticos considerados prioritarios para la seguridad nacional.
En consecuencia, prestigiosas organizaciones defensoras de inmigrantes preparan demandas judiciales para bloquear la ejecución a gran escala de esta medida gubernamental.
Impacto en miles de solicitantes de protección legal
Los abogados especializados sostienen que revocar permisos masivamente a personas con casos pendientes vulnera las garantías del debido proceso migratorio vigente.
Por lo tanto, la eventual revocación de visas B1 y B2 enfrentará duros reveses en tribunales federales durante los próximos meses de disputa.
Recientemente, un juez federal anuló la suspensión de visados para 75 países al dictaminar que el Ejecutivo excedió sus facultades legales.
El Ejecutivo insiste en endurecer las políticas fronterizas mediante la constante revocación de visas a visitantes con solicitudes activas.
Cientos de miles de migrantes que entraron legalmente como turistas aguardan con incertidumbre las decisiones finales del Departamento de Estado norteamericano.
