El pleno del Senado de la República de México aprobó este martes, con una mayoría calificada de 86 votos a favor y 42 en contra, una trascendental reforma constitucional que prohíbe de manera explícita el ejercicio de la Presidencia de la República, las gubernaturas estatales y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a personas que posean doble nacionalidad. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Carta Magna con el objetivo de establecer la obligatoriedad de contar con una «nacionalidad única» mexicana para encabezar los poderes ejecutivos del país.
La aprobación en lo general y en lo particular de esta minuta, proveniente de la Cámara de Diputados, se consolidó gracias al respaldo unificado de la bancada del partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados políticos. Tras la votación en la Cámara alta, el proyecto legislativo fue remitido a los congresos de las 32 entidades federativas del país, donde requerirá el aval de por lo menos 17 legislaturas locales para que pueda ser promulgada por el Ejecutivo y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Detalles de la reforma y el debate en el pleno
El núcleo de la reforma constitucional radica en la exigencia de que cualquier ciudadano que aspire a registrarse como candidato a la Presidencia de la República o a la titularidad de un ejecutivo local deba renunciar formalmente a cualquier otra nacionalidad extranjera antes de solicitar su registro oficial ante las autoridades electorales. De acuerdo con los promotores de la iniciativa, la medida busca resolver una zona de interpretación ambigua entre los requisitos de elegibilidad vigentes y el artículo 32 de la Constitución, el cual ya reservaba ciertos cargos estratégicos a mexicanos por nacimiento que no adquirieran otra nacionalidad.
Durante la sesión ordinaria, los defensores del dictamen argumentaron que la reforma representa un acto de soberanía nacional y lealtad institucional. Senadores del oficialismo señalaron que quienes asuman las más altas responsabilidades públicas del Estado mexicano deben poseer un vínculo jurídico y político exclusivo con la nación, evitando así posibles conflictos de interés, obligaciones tributarias o de servicio militar con gobiernos extranjeros, así como la invocación de protección diplomática de otros países.
Críticas de la oposición y el impacto en la comunidad migrante
Por el contrario, las bancadas de la oposición, integradas por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), votaron en bloque en contra de la medida. Los legisladores opositores calificaron la reforma como una regresión en materia de derechos humanos y políticos, argumentando que discrimina y estigmatiza a los millones de mexicanos que residen en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos, quienes han obtenido una segunda nacionalidad por razones laborales o de residencia.
Representantes de la oposición señalaron que la reforma envía un mensaje negativo a la comunidad migrante al catalogarlos indirectamente como ciudadanos con menores derechos de participación política. Asimismo, criticaron la celeridad con la que el bloque oficialista procesó la iniciativa en el Senado, señalando que existen múltiples propuestas prioritarias en la agenda legislativa relacionadas con la seguridad pública, la salud y el empleo que continúan rezagadas en las comisiones parlamentarias.
Próximos pasos legislativos
Al tratarse de una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el proceso legislativo estipula que el proyecto debe ser aprobado por la mayoría de las legislaturas de los estados. Una vez que se alcance el respaldo de al menos 17 congresos locales, el Congreso de la Unión realizará el cómputo correspondiente y declarará la constitucionalidad de la reforma, turnándola a la presidenta de la República para su posterior publicación y entrada en vigor a nivel nacional.
