Con 20 votos a favor, el Senado de Uruguay dio luz verde a la Ley de Eutanasia que regula el proceso de muerte asistida, posicionando al país como el tercero en América Latina en legalizar este derecho humano de morir dignamente.
El texto establece que toda persona mayor de edad, psíquicamente apta y con una enfermedad incurable o sufrimiento irreversible, puede solicitar el procedimiento. Además, se exige un grave deterioro en la calidad de vida para que la solicitud sea válida. El derecho a morir dignamente se garantiza mediante un protocolo médico riguroso.
Primero, el paciente debe presentar una solicitud escrita a un médico, quien en tres días verificará las condiciones, explicará tratamientos disponibles y evaluará la voluntad del solicitante. Luego, otro profesional revisará el caso y entrevistará al paciente en un plazo máximo de cinco días. Si ambos coinciden, se fija la fecha del procedimiento ante dos testigos.
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La ley, titulada “Muerte Digna”
Este avance legislativo lo celebraron figuras políticas como Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia, quien afirmó que Uruguay reafirma su liderazgo en derechos humanos. También el senador Daniel Caggiani expresó que el país es ahora “más libre y más humano”.
La ley, titulada “Muerte Digna”, representa un hito en la región. El derecho a morir dignamente deja de convertirse en un tabú y pasa como en una opción legal para quienes enfrentan sufrimientos extremos. Esta iniciativa la respaldaron por legisladores de distintos partidos, incluyendo el Frente Amplio, Graciela Bianchi y Ope Pasquet.
Además, esta normativa se suma a otras leyes progresistas del país, como el matrimonio igualitario y la legalización del cannabis. Uruguay continúa marcando pauta en la ampliación de derechos.
Finalmente, familiares de pacientes con enfermedades terminales ven en esta ley una esperanza. El derecho a morir dignamente no solo alivia el dolor físico, sino también el emocional, devolviendo el control sobre el final de la vida.
