El dirigente político Enrique Márquez calificó este viernes como un «avance» la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de suprimir la competencia especial nacional en materia de terrorismo a cuatro tribunales de control de Caracas, medida que reasigna dichos casos a la justicia penal ordinaria.
A través de un video difundido en su cuenta de X, Márquez valoró la acción institucional, pero enfatizó la necesidad de profundizar las reformas en el sistema judicial, otorgar libertad plena a los ciudadanos considerados presos políticos y avanzar en la transformación de los cuerpos de inteligencia del país.
«Ningún venezolano debe tener miedo de expresar lo que piensa. Por eso celebro la decisión de suprimir la competencia especial de los tribunales en materia de terrorismo. Una estructura judicial utilizada para perseguir la disidencia y vulnerar el derecho a la defensa», sostuvo el dirigente.
Propuestas de libertad plena y reforma institucional
Márquez señaló que la medida debe tener continuidad y formar parte de un proceso más amplio. En este sentido, demandó el cierre definitivo de expedientes motivados políticamente y la anulación de medidas cautelares como arrestos domiciliarios, prohibiciones de salida del país y regímenes de presentación periódica.
«Salir de una celda no significa recuperar la libertad si la persecución continúa dentro de tu casa o mediante restricciones que te impiden trabajar, movilizarte y participar en la vida pública», afirmó.
Asimismo, propuso la eliminación del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), planteando en su lugar la creación de organismos de inteligencia profesionales bajo control democrático y supervisión judicial. Agregó que este proceso debe resguardar los archivos institucionales para respaldar eventuales investigaciones sobre violaciones de derechos humanos.
Contexto internacional y alcance de la resolución judicial
En su pronunciamiento, Márquez atribuyó a la administración estadounidense, encabezada por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, un rol determinante y clave en la presión para la adopción de estas medidas. A su juicio, estas acciones no eximen de responsabilidad política a quienes permitieron abusos en el pasado.
La postura del dirigente se produce tras la publicación de la Resolución N.º 2026-0010 del TSJ, con fecha 13 de octubre, la cual retira la competencia nacional especial en materia de terrorismo a los tribunales 13, 30, 49 y 52 de Primera Instancia en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas.
Según lo establecido por el máximo tribunal, las causas en fase preparatoria e intermedia serán redistribuidas de manera equitativa entre los juzgados ordinarios de los distintos circuitos judiciales penales del país, con excepciones transitorias para expedientes que requieran concluir diligencias especiales urgentes
Fuente: El Cooperante
