Tito Blanco, miembro de la Dirección Ejecutiva de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), presentó la postura oficial de la central obrera. El vocero detalló lo que consideran un ajuste salarial justo y viable para este año.
Blanco recordó que la propuesta de los trabajadores no es nueva dentro del debate nacional. Sin embargo, destacó que la reactivación de los contratos petroleros y la estabilidad en la producción permiten ahora ejecutar esta medida financiera.
Explicó que existen actualmente condiciones sólidas para que el Ejecutivo Nacional proceda a revisar las escalas de sueldos vigentes. La central obrera sostiene que el ingreso de los trabajadores debe estar anclado a la realidad económica actual.
El dirigente sindical señaló que ya en el año 2024 se había planteado un sueldo mínimo base. En aquel momento, la propuesta fue rechazada por el sector empresarial, prefiriendo la política de bonificaciones estatales.
Viabilidad económica del ajuste salarial
Para la confederación, la realidad actual es distinta y mucho más favorable para las arcas de la República. Blanco enfatizó que los ingresos por concepto de exportación petrolera han experimentado un crecimiento notable recientemente.
“Estamos conscientes de que esa propuesta de 200 dólares era buena porque había recursos; ahora hay muchos más. Aquí se están vendiendo 830 mil barriles de petróleo y los ingresos por ese concepto son de casi 7 mil millones de dólares”, explicó el vocero de la CTV.
Según los datos técnicos de la central, las exportaciones de crudo generan recursos suficientes para cubrir un ajuste salarial.
La CTV propone arrancar con un piso mínimo de 200 dólares mensuales para todos los trabajadores activos. No obstante, el rango ideal de ingreso debería situarse progresivamente entre los 350 y 400 dólares.
Salarización y recuperación del poder de compra
El objetivo es alcanzar una recuperación progresiva del poder adquisitivo que se acerque al costo de la vida real. Blanco lamentó que la política de bonos haya destruido el valor de las prestaciones sociales.
Con los nuevos contratos de suministro firmados con empresas internacionales, se espera que el Gobierno proceda a la salarización. La aplicación de este ajuste salarial devolvería los beneficios de ley a la fuerza laboral venezolana.
La organización espera que el sector privado y el Estado dejen de lado las políticas de «solo bonos». De esta manera, se busca garantizar que el aumento tenga un impacto real en la economía.
