La exigencia de justicia para repartidor venezolano volvió a tomar fuerza tras revelarse nuevos detalles del asesinato de Hebert Sánchez en Ñuñoa, Chile.
El joven, de 18 años, murió apuñalado por Tomás Aguirre, quien reaccionó violentamente ante un retraso de trece minutos en la entrega de su pedido.
Durante el juicio, la defensa alegó que Aguirre actuó bajo un “estado de alteración mental” provocado por el consumo de ketamina.
Solicitaron su inimputabilidad, argumentando que su adicción patológica no fue considerada durante el proceso judicial.
Sin embargo, los fiscales presentaron pruebas contundentes, incluyendo mensajes previos donde Aguirre amenazó al repartidor haciéndose pasar por funcionario policial.
La exigencia de justicia para repartidor venezolano se intensificó cuando salieron a la luz los videos del ataque, que evidencian la violencia desmedida del agresor.
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Después del crimen, Aguirre subió a su departamento con la hamburguesa como si nada hubiera ocurrido, ignorando la gravedad de sus actos.
Horas más tarde, funcionarios policiales lo capturaron en el edificio donde residía. Enfrenta una pena de diez años por homicidio calificado.
Hebert había llegado a Chile para reencontrarse con su madre, Hilda, y soñaba con convertirse en piloto, aunque las limitaciones económicas lo obligaron a trabajar.
Su madre expresó que “todavía no lo cree” y que ninguna condena devolverá la vida de su hijo, quien “tenía muchos planes y era muy joven”.
La exigencia de justicia para repartidor venezolano se convirtió en bandera de familiares y migrantes que claman por una sentencia ejemplar.
Este caso expone la vulnerabilidad de quienes trabajan en plataformas de entrega y la urgencia de proteger sus derechos frente a actos de violencia irracional.
Hebert merece justicia plena. Su historia no debe olvidarse. Que su memoria inspire respeto, protección y cambios reales en la sociedad.

