La Asamblea Nacional (AN) dio luz verde este martes, en primera discusión, al proyecto de reforma parcial de la «Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia», iniciativa que contó con el respaldo de la mayoría calificada del hemiciclo.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, ratificó el resultado de la votación y ordenó remitir el texto a la comisión legislativa liderada por el primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante. La delegación tendrá la tarea de conducir un proceso de consulta pública que se pretende amplio y participativo.
«Que se escuche a todos, a las víctimas, victimarios, a los que tengan algo que opinar o no […]. Que cada venezolano pueda opinar sobre este proyecto», enfatizó Rodríguez durante el debate.
Ejes centrales de la propuesta: Del enfoque punitivo a la prevención
Al presentar el proyecto, el diputado Pedro Infante explicó que la reforma busca adecuar a la realidad política actual una normativa promulgada en 2017 bajo un clima de alta polarización. La meta, afirmó, es transformarla en la «Ley para la Convivencia Democrática, la Paz y la Tolerancia».
La iniciativa tiene su origen en un planteamiento remitido el pasado 28 de septiembre por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, orientado a despenalizar los delitos tipificados en el texto vigente y fomentar la reconciliación nacional.
Entre los cambios estructurales planteados en el proyecto destacan:
- Sustitución de penas de prisión: Se contempla eliminar las penas privativas de libertad, reemplazándolas por sanciones económicas (multas) y trabajos comunitarios.
- Reducción de la discrecionalidad: Se persigue precisar las definiciones legales para acotar el margen de interpretación en la aplicación de sanciones.
- Garantías a medios de comunicación: Queda eliminada de forma expresa la revocación de concesiones a los medios informativos.
- Regulación en plataformas digitales: Se prevén multas administrativas para frenar la propagación de mensajes de odio en redes sociales.
- Procedimientos administrativos: Manejo de infracciones mediante vías administrativas y exhorto a las organizaciones políticas para promover la cultura democrática.
Infante defendió la propuesta como una vía intermedia entre mantener la ley intacta —lo que a su juicio ignoraría el contexto actual— y su derogación total, medida que considera riesgosa ante la persistencia de discursos violentos en la esfera pública.
La oposición parlamentaria rechaza la reforma y exige la derogación total
Por su parte, la bancada del Grupo Parlamentario Libertad rechazó la propuesta en su primera lectura. La diputada Amelia Belisario argumentó que la reforma preserva mecanismos coercitivos que atentan contra las garantías fundamentales y la libertad de expresión.
Belisario recordó que su fracción consignó una propuesta propia el pasado 15 de octubre y solicitó que sea debatida durante la fase de consulta pública.
«No es suficiente plantear el cambio de cárcel por multas, porque de esa forma el proyecto estaría conservando su esencia atemorizante y coercitiva […]. Cuestionar a un gobierno no es odiar a Venezuela», aseveró la parlamentaria, al señalar que la norma ha sido empleada para perseguir a periodistas, disidentes y sectores críticos.
Asimismo, la diputada cuestionó la ambigüedad de ciertos términos que persisten en la redacción y advirtió sobre los riesgos de adjudicar la potestad sancionatoria al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
Rodríguez defiende el diálogo e insiste en la renovación institucional
En el cierre del debate, Jorge Rodríguez salió al paso a las críticas de los sectores opositores que rechazan las negociaciones en curso, tildándolos de mantener una postura de confrontación estéril.
A la par, el titular del Legislativo asomó la intención de que la Asamblea Nacional intervenga próximamente en la renovación de los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como parte de la agenda de diálogo político que se adelanta en el país.
Contexto legislativo
La propuesta gubernamental se da tras el reconocimiento público hecho el 29 de septiembre por Delcy Rodríguez sobre los «usos abusivos» y la «mala aplicación» que tuvo la normativa aprobada en 2017.
Posteriormente, la AN conformó una comisión especial para redactar el borrador y, el 15 de octubre, la Sala Constitucional del TSJ otorgó el aval jurídico a la iniciativa. No obstante, gremios como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y plataformas políticas opositoras sostienen que eliminar la prisión es insuficiente si persisten castigos administrativos que condicionen el libre ejercicio del periodismo y la libertad de opinión.
Fuente: El Cooperante
