La defensa legal de Cilia Flores, esposa del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, reiteró este miércoles su solicitud de libertad bajo fianza ante los tribunales estadounidenses, argumentando un marcado deterioro en su estado de salud desde su ingreso en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC).
De acuerdo con los registros judiciales presentados por sus abogados, la ex primera dama ha experimentado complicaciones médicas graves, entre las que destacan un episodio de taquicardia ventricular con 33 latidos sostenidos, una crisis de opresión torácica de treinta minutos de duración —tras la cual afirman que no se le practicaron análisis clínicos—, una notable pérdida de peso y la pérdida de dos piezas molares.
Argumentos médicos frente a la oposición fiscal
Los representantes legales sostienen que la condición cardíaca de Flores, que se mantenía estable antes de su captura mediante una única inyección mensual, se ha descompensado a raíz de los hechos ocurridos durante la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero en Caracas, tras la cual fue trasladada a Nueva York junto a Maduro. Según la defensa, Flores ingresó al centro penitenciario con múltiples lesiones, incluyendo heridas en la frente, y permaneció sus primeros tres meses en régimen de aislamiento.
Ante la propuesta del equipo médico del penal de someterla a un procedimiento de cateterismo, la defensa ha cuestionado la idoneidad del entorno carcelario para un postoperatorio de esta naturaleza.
Por su parte, la Fiscalía federal se opone firmemente a la concesión de la medida cautelar, al argumentar que existe un riesgo extremo de fuga y que la procesada representa un peligro para la seguridad pública. En respuesta, la defensa ha desestimado dichos señalamientos, aludiendo a los 69 años de edad de la acusada, su delicado cuadro cardiológico y su situación financiera, señalando bajo juramento que carece de los fondos necesarios para sufragar su defensa o una eventual fuga.
Próximos pasos procesales
Cilia Flores y Nicolás Maduro enfrentan un juicio conjunto programado para dar inicio el próximo 1 de junio de 2027. Ambos están acusados de delitos federales relacionados con narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, así como posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, en el marco de una presunta red de corrupción que, según la fiscalía estadounidense, operó durante más de veinte años.
Hasta el momento, la defensa de ambos procesados ha solicitado la desestimación de los cargos bajo el principio de inmunidad soberana. De ser hallada culpable de los delitos que se le imputan, Flores afronta una condena mínima obligatoria de cuarenta años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua.
