La Asamblea Nacional aprobó la primera discusión de una reforma legal diseñada para permitir la participación de capitales privados en el sector eléctrico de Venezuela.
Esta trascendental propuesta legal busca romper de forma definitiva el monopolio estatal mantenido durante los últimos quince años en toda la geografía de la nación.
La medida aprobada autorizará el ingreso formal de corporaciones privadas y la constitución de empresas mixtas especializadas para optimizar la prestación del servicio público esencial.
Las corporaciones autorizadas podrán generar, distribuir y también comercializar la energía mediante un esquema regulado de concesiones especiales otorgadas directamente por el Ejecutivo nacional.
El nuevo estamento jurídico pondría fin absoluto al control operativo exclusivo que mantiene la Corporación Eléctrica Nacional desde su creación en el territorio venezolano.
Nuevas concesiones dinamizarán el sector eléctrico de Venezuela próximamente
La normativa establece detalladamente que los contratos de concesión otorgados a los inversionistas tendrán una duración máxima inicial de veinticinco años consecutivos en el país.
Asimismo, el proyecto contempla la factibilidad legal de otorgar una prórroga extraordinaria por quince años adicionales según el comportamiento técnico de la empresa solicitante.
El Ministerio de Energía conservará plenamente la potestad legal para otorgar permisos institucionales, supervisar operaciones técnicas y revocar concesiones por variados incumplimientos contractuales.
Uno de los aspectos más determinantes de la reforma del sector eléctrico de Venezuela contempla la aplicación progresiva de un esquema tarifario adaptado a los costos operativos reales del servicio.
Por lo tanto, los nuevos operadores comerciales del sistema técnico nacional podrán percibir un margen de rentabilidad financiera calificado legalmente como justo y razonable.
Esta reestructuración tarifaria de la energía marca un distanciamiento evidente frente a las políticas tradicionales de subsidios generales aplicadas en las últimas dos décadas.
En consecuencia, el parlamento nacional iniciará las consultas públicas correspondientes con diversos sectores económicos para robustecer el articulado final de la ley venezolana.
De este modo, se pretende atraer capitales tecnológicos internacionales que permitan la recuperación estructural del critically afectado sector eléctrico de Venezuela a mediano plazo.
Por consiguiente, los legisladores programarán los debates siguientes del marco regulatorio para asegurar una pronta aprobación definitiva durante el actual período de sesiones ordinarias.
