La Asamblea Nacional de Venezuela decidió posponer, por segunda ocasión consecutiva, el debate definitivo sobre el proyecto de reforma de la Ley del Servicio Eléctrico. Este instrumento jurídico busca estructurar un nuevo marco legal que incentive y regularice la participación de capitales privados en un intento por mitigar la severa y prolongada crisis energética que afecta a gran parte de la nación.
Petición parlamentaria de diferimiento
La propuesta de suspender la discusión provino formalmente del diputado oficialista Pedro Carreño. El legislador argumentó que el hemiciclo parlamentario ya había logrado un avance sumamente fecundo y detallado tras evaluar de manera exhaustiva una fracción significativa de los más de 20 artículos que componen la propuesta regulatoria. Debido a esto, la junta directiva del parlamento acordó retomar el análisis del articulado restante durante las próximas sesiones ordinarias de la cámara.
Incentivo a la inversión privada y regulación del servicio
El proyecto legislativo tiene como eje central establecer normas claras para la prestación del servicio eléctrico en el territorio nacional, abarcando las fases fundamentales de generación, transmisión, despacho, distribución y comercialización de energía. Además, busca regular de manera estricta los eventuales intercambios internacionales de electricidad. La meta declarada en el texto legislativo leído en el hemiciclo es garantizar el derecho a un suministro de energía continuo, regular, seguro y con estándares mínimos de calidad que impulsen el desarrollo productivo nacional de forma transparente.
Crisis de infraestructura y explicaciones contrapuestas
Este nuevo aplazamiento legislativo coincide con un periodo de agudización de los apagones y racionamientos que azotan con particular fuerza a los estados del interior del país, lo que ha derivado en reiteradas protestas sociales en los últimos meses. Mientras expertos del sector energético, gremios empresariales y voceros opositores coinciden en atribuir el progresivo colapso de la red nacional a la falta persistente de inversión, fallas severas de mantenimiento y presuntos esquemas de corrupción, la narrativa oficialista insiste en que las deficiencias obedecen a los efectos de las sanciones internacionales coercitivas, cambios climáticos extremos y recurrentes actos de sabotaje a las centrales de generación.
