La defensora de derechos humanos y directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano, Rocío San Miguel, fue absuelta este viernes de todos los cargos penales formulados en su contra. La decisión fue dictada por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en materia de terrorismo, el cual emitió una sentencia absolutoria que la libera de toda responsabilidad penal tras un extenso y complejo proceso judicial que se prolongó por más de dos años.
Culminación de un complejo proceso judicial
San Miguel, quien había sido detenida el 9 de febrero de 2024 bajo acusaciones relacionadas con presuntos delitos de conspiración y terrorismo, manifestó que este fallo judicial ratifica la postura que sostuvo de manera ininterrumpida desde el inicio de las investigaciones: su absoluta inocencia frente a los señalamientos del Ministerio Público. La activista calificó el desenlace como el cierre de una de las etapas más difíciles de su trayectoria personal y profesional.
“Hoy culmina un duro capítulo de mi vida”, expresó San Miguel a través de sus canales oficiales tras ser notificada de la sentencia absolutoria. En su pronunciamiento, la especialista en temas de seguridad y defensa nacional extendió un profundo agradecimiento a su núcleo familiar, en especial a su hija, así como a las diversas organizaciones de la sociedad civil, misiones diplomáticas acreditadas en el país y organismos internacionales que realizaron un seguimiento continuo de su causa penal.
Apoyo internacional y defensa técnica
Durante el desarrollo del juicio, la defensa técnica de la activista estuvo liderada por los juristas Theresly Malavé, Juan Carlos Gutiérrez y Héctor Faúndez, quienes argumentaron sistemáticamente la falta de elementos probatorios que sustentaran las acusaciones fiscales. Asimismo, San Miguel reconoció públicamente el respaldo institucional brindado por organizaciones globales de derechos humanos como Amnistía Internacional, Foro Penal y Human Rights Foundation, además de mencionar la mediación y el apoyo del expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, a lo largo del proceso.
A pesar de recibir la sentencia con satisfacción y gratitud, la directora de Control Ciudadano enfatizó que su caso no debe aislarse de la realidad que enfrentan otros ciudadanos bajo condiciones similares. En este sentido, manifestó su profunda preocupación por las personas que aún se encuentran sometidas a procesos judiciales restrictivos o que permanecen privadas de libertad por motivos políticos en el territorio nacional.
Llamado al debido proceso y vigencia de los derechos humanos
“La justicia solo será plena cuando el debido proceso, la dignidad humana y los derechos fundamentales sean una garantía para todos los venezolanos”, aseveró San Miguel, reafirmando su compromiso con la defensa de las garantías constitucionales. Adicionalmente, la activista expresó su solidaridad con los detenidos y procesados, manifestando su expectativa de que las condenas dictadas contra otros coacusados en el mismo expediente sean eventualmente anuladas por considerarlas desproporcionadas e injustas.
Con la emisión de esta sentencia absolutoria, Rocío San Miguel ratificó que continuará desempeñando sus labores en favor del fortalecimiento del Estado de Derecho, la promoción de los derechos humanos y la consolidación de los principios democráticos en Venezuela, cerrando así un caso que concitó una amplia atención de la comunidad internacional y de los relatores especiales de las Naciones Unidas.
